Las nuevas autoridades del Instituto de las Víctimas denunciaron ante el Ministerio Público (MP) a la exdirectora de esa entidad Alejandra Carrillo, a quien acusan de presuntamente cometer cuatro delitos mientras se encontraba al frente de la entidad.
El 2 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a Carillo del cargo de directora del Instituto de Asistencia y Atención a Víctimas del Delito y en su lugar nombró a Ligia Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla.
La destitución de Carrillo y nombramiento de Hernández se produjo luego de que se diera a conocer el 29 de enero que la Corte Constitucional (CC) concedió un recurso ante la Procuraduría General de la República (PGN) y revocó el amparo provisional que el Quinto Juzgado Civil, constituido como tribunal de protección, había otorgado a favor de Carillo, con la cual ella se protegió y mantuvo su cargo por tiempo indefinido.
Sin embargo, este jueves 4 de abril, Hernández informó que presentó una denuncia penal contra Carrillo, a quien acusó de haber cometido presuntamente cuatro delitos.
“Presentamos ante el @MPguatemala la primera denuncia contra la exdirectora del Instituto para las Víctimas, Alejandra Carrillo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes y abandono de cargo”, escribió Hernández en sus redes sociales.
“No toleraremos la impunidad”, agregó el funcionario, quien no ahondó en los casos por los que Carrillo está denunciado.
Alejandra Carrillo fue nombrada directora del Instituto de las Víctimas el 20 de diciembre de 2019 y designada para el cargo por el entonces presidente Jimmy Morales.
Nació el 9 de enero de 1986 y es politóloga. Fue cercana a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y durante el gobierno del Partido Patriota fue directora del Conjuve.
Fue elegida por el Partido Patriótico (PP) en 2015 por la Lista Nacional y luego pasó al MR.
Votó a favor del Pacto Corrupto que en septiembre de 2017 votó entre secretos y negociaciones bajo la mesa por las reformas a favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas y que días después se retractaron, ante una tormenta de repudio y indignación.
Delegado por el presidente
En 2019, el Congreso de la República reformó la Ley Orgánica del Instituto de Asistencia y Atención a las Víctimas del Delito, la cual estipula que el cargo de director será delegado por el Presidente de la República y que la función del cargo es para un duración de cuatro años.
El artículo 16 del reglamento establece que el director sólo podrá ser removido por causa justificada, estipulando condena firme, redacción similar a la normativa que impide al presidente destituir al fiscal general del Ministerio Público (MP).
