Para este año, según el presupuesto vigente, la colocación autorizada de bonos es de Q12,775.1 millones.
El monto aprobado había sido de Q10,587 millones para 2024, sin embargo el decreto presupuestal fue suspendido por la Corte Constitucional (CC) y se debe aplicar el vigente para 2023.
El primer evento de colocación se realizó el jueves 18 de abril, a través del sistema de negociación de Subasta, indicó el Ministerio de Hacienda.
Hubo una demanda por Q183.77 millones, aunque en esta ocasión no hubo adjudicaciones, agregó la entidad.
Está previsto realizar eventos todas las semanas hasta agotar disponibilidad.
El 9 de abril se publicó el Reglamento para la Emisión, Negociación, Colocación y Pago del Servicio de Bonos del Tesoro para el año fiscal 2024, el cual está contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 48-2024.
Estas normas detallan los diferentes sistemas de negociación que se pueden utilizar para ofrecer los bonos, que incluyen subasta, licitación, ventana.
Además, se establece la facultad para la colocación de valores bajo los tipos de bonos temáticos que podrán incluir: Bonos Verdes, Bonos Azules y Bonos Sociales, entre otros, los cuales podrán ser negociados y colocados en moneda nacional o extranjera, y a precio nacional. y a nivel internacional. a nivel internacional, informó el Minfin.
Los bonos verdes se utilizan para financiar objetivos medioambientales, los bonos sociales se dedican a proyectos destinados a mejorar el bienestar social y los bonos azules tienen como objetivo proteger los océanos y los ecosistemas marinos mediante su preservación, añade la entidad.
Las convocatorias y resultados de los eventos serán anunciados a través del sitio
Este reglamento también establece las normas para la colocación de valores para Pequeños Inversionistas.
El monto mínimo de inversión inicial para cada pequeño inversionista (persona individual) es desde Q10 mil o US$1,300, hasta un monto máximo de Q500 mil, explicó el ministerio.
Los recursos obtenidos con la colocación de Bonos del Tesoro se distribuyen para financiar servicios en las áreas de salud, educación y seguridad, que permitan atender a la población guatemalteca y generar una reactivación económica y social que impulse el desarrollo del país, según el Plan General de Gobierno.
