Editorial
Repetición de robo multimillonario
Este delito, según cálculos de expertos, alcanza un monto superior a los Q100 millones anuales en pérdida de ingresos a las empresas, en impuestos y en derechos de autor.
Cuando en las redes sociales se publican fotografías y videos de asaltos en la vía pública, la reacción expresada en abundantes comentarios es de indignación, exigencia de castigo contra los delincuentes y repudio contra toda forma de hurto. Incluso se exige a la Policía Nacional y al Ministerio Público que adopten medidas decisivas para atrapar a los autores incluso antes de que cometan sus fechorías en lugares conocidos. Cuando los detenidos –si es que alguno es capturado– piden clemencia o argumentan la pobreza como una supuesta e inviable justificación, el público les reprocha que ellos también tienen recursos limitados pero que eso no significa que cometan delitos. En otras palabras, el fin nunca justifica los medios.
Y si hablamos de funcionarios corruptos, que en ocasiones se integran en grupos unidos por parentesco, área de trabajo o intereses creados, el rechazo también es mayoritario, con lógica justificación. Si hablamos, por ejemplo, de quienes se unieron para saquear Q63 millones en compras anómalas al hospital de Chimaltenango o asignaciones sospechosas para la construcción de infraestructura, muchas veces inconclusa o con deficiencias, es previsible la condena de la opinión pública y el ridículo a las redes sociales. redes, muy severo.
Recientemente se ha popularizado el reporte de posible uso ilícito de vehículos oficiales, especialmente los fines de semana, algo que no se hizo en el gobierno pasado pero que finalmente comenzó a denunciarse. La indignación está justificada, a favor del uso de recursos estatales. También es motivo de polémica cuando algún transporte pesado de mercancías se enfrenta a un accidente y grupos de personas comienzan a robar el producto, bajo el pretexto de la precariedad, de que los dueños tienen dinero o de que está «asegurado». Es algo incorrecto e injustificable, comentan muchos internautas.
Ante este justificado celo contra cualquier forma de despojo, hurto, hurto, estafa o corrupción, sin importar su cuantía, la falta de compostura con la que se manifiestan las reiteradas y de larga data denuncias por piratería de contenidos audiovisuales, sustracción de señales de televisión de pago e ilícitos copias de películas. Este delito, según cálculos de expertos, alcanza un monto superior a los Q100 millones anuales, en lucro cesante a las empresas, en impuestos y en derechos de autor.
En la última década del siglo XX y la primera del XXI, el grueso de la piratería se centró en la copia ilegal de discos compactos de música. Luego la tecnología de vídeo DVD abrió un mercado negro de películas, utilizado por mafias de diversas latitudes para amasar ingresos millonarios. El auge de la conectividad, acelerado durante la pandemia, incrementó el uso de televisión y películas por suscripción, pero también multiplicó las copias ilícitas distribuidas en sitios de Internet.
Asimismo, se estima que la mitad de las empresas de cable en Guatemala reproducen sin permiso ciertos canales premium pagos, especialmente fútbol, con lo que aseguran suscriptores pero no pagan los derechos respectivos. Se trata de un auténtico robo a campo abierto y reincidente que deja enormes ganancias no comunicadas al fisco. Estas prácticas no difieren mucho del tipo de ladrones en motocicleta que atacan con una pistola de juguete, ya que, de todos modos, se trata de dinero mal habido. Pero parece que hay una especie de indiferencia e incluso se dan excusas para tales acciones, incluida la de reclamar la “riqueza” de los dueños de las empresas, sin darse cuenta de que están socavando la industria del entretenimiento, de la que dependen miles de personas. de trabajos, de guionistas, productores, técnicos, comunicadores, autores. Peor aún, supone un pésimo ejemplo para los niños.
