La Corte Constitucional (CC) aún debe resolver una consulta enviada por el presidente, Bernardo Arévalo, quien busca saber si puede destituir al fiscal general. A este pedido se sumó ahora el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, quien entregó una serie de argumentos jurídicos a la Corte previo a la resolución.
El pasado 4 de abril, la presidencia de Guatemala envió la consulta a la CC, en un intento más del Poder Ejecutivo por lograr la destitución de María Consuelo Porras como titular del Ministerio Público (MP).
La fiscal general es identificada por el gobierno de Estados Unidos como un actor político clave a favor de la corrupción, acusaciones que ella niega y afirma que mantiene una institución objetiva.
Ayer 15 de mayo, el diplomático presentó un amicus curie, o amigos de la Corte, en el que expone una serie de argumentos que, a su juicio, pueden ser de utilidad a los magistrados constitucionales cuando conozcan y resuelvan la consulta presidencial.
Los argumentos
Debido a las reformas a la Ley Orgánica del MP de 2016, es prácticamente imposible que el fiscal general de Guatemala sea destituido. Para que esto suceda debe tener una condena definitiva.
Esto podría llevar el proceso de destitución a durar años, superando incluso el mandato constitucional para el que fue electo. Además de eso, McFarland planteó otros puntos que, en su opinión, van en contra de un proceso objetivo.
- El diputado debe procesar penalmente a su superior.
- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide admitir a trámite las denuncias contra el Fiscal General.
- El retiro de la inmunidad está en manos del pleno del Congreso.
- Un juez penal decide si se suma o no a un juicio y luego un tribunal, si corresponde, puede emitir una condena.
- Los Tribunales podrían anular una posible condena.
Estos cinco argumentos chocan, a juicio del diplomático, con un proceso ágil y objetivo. Donde el proceso de destitución de un titular del MP en Guatemala es prácticamente inexistente.
Sin estándares internacionales
Guatemala ha firmado una serie de acuerdos y convenios internacionales, por lo que debe adoptar prácticas que permitan el pleno desarrollo de sus instituciones, afirma McFarland. Pero actualmente el MP no cuenta con controles objetivos y claros para medir el buen desempeño de sus máximas autoridades.
“Los Estados partes, que al igual que Guatemala, cuentan con fiscales independientes, adoptan medidas para reforzar la integridad y evitar cualquier oportunidad de corrupción en el Ministerio Público, análogas a las medidas adoptadas respecto de los miembros del poder judicial”, se refiere la carta a la Constitución. y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
No contar con mecanismos de control que permitan medir la honorabilidad del fiscal general durante el ejercicio de sus funciones es algo perjudicial para el sistema, ya que vuelve inamovibles estos cargos.
María Consuelo Porras no sólo es identificada por el gobierno de Estados Unidos como un personaje partidario de la corrupción. La Unión Europea también emitió sanciones contra Porras por dudar de su gestión.
“Sin embargo, como se señalará más adelante, el marco legal de Guatemala no prevé procedimientos disciplinarios contra el Fiscal General”, afirma el documento.
Si bien se puede crear la figura de un fiscal especial para investigar a la máxima autoridad del MP, éste podría ser removido por el fiscal general. Lo que debilita la legislación actual para medir el desempeño del jefe fiscal o buscar su destitución.
los intentos
El presidente Bernardo Arévalo, luego de realizar la consulta, presentó un proyecto de ley. La propuesta busca reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para que el presidente tenga la facultad de destituir al Procurador General.
La iniciativa no ha tenido eco en el Congreso y la propuesta ni siquiera ha sido leída para ser enviada a comisión. Incluso las expectativas del oficialismo eran aprobar la iniciativa de emergencia nacional en una sola sesión.
Pero desde que se presentó la propuesta, el Congreso no tuvo quórum, haciéndose eco de dos posibles versiones. Uno señala que la iniciativa no fue socializada, lo que la dejó con apoyo, y el segundo, que hubo presiones del MP contra los diputados bajo amenaza de posibles investigaciones.
El Congreso se encuentra ahora en receso, por lo que una respuesta quedó en manos de un pleno de la CC, que deberá definir si es viable o no que el presidente destituya al fiscal general.
El amicus curie presentado por el ex embajador concluye que “el marco legal vigente en Guatemala en materia de responsabilidad del Fiscal General no cumple con los estándares internacionales”.
McFarland enumeró un total de 76 puntos, que en su opinión ayudarán al pleno del CC a tomar una decisión.
