Tras la destitución de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, sectores comenzaron a reaccionar, mientras el gobierno amplió detalles sobre qué procedimientos de control presuntamente incumplió la funcionaria.
De la Vega fue destituido de su cargo por orden del presidente Bernardo Arévalo, informó el gobierno en un comunicado emitido la noche del viernes 17 de mayo. En él se indicó que el ministro «incumplió instrucciones del Presidente de la República». , autorizando pagos a empresas constructoras fuera del procedimiento de control acordado.»
Respecto a este trámite, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que se trata de criterios que establecen cuatro aspectos:
- No se repetirá el pago a empresas que ya hayan recibido un pago el mes anterior. Debido a la gran cantidad de empresas a las que el Estado les debe, esta medida se tomó con el fin de oxigenar y generar capital para otras empresas.
- La ejecución financiera debe estar alineada con el avance físico de los proyectos.
- El gasto debe estar sincronizado entre las empresas supervisoras y ejecutoras.
- El ciclo de pago a las empresas constructoras se repite cada tres meses.
Además, se indicó que el presidente irá ampliando la información en el transcurso de la semana.
Hasta la tarde del sábado 18 de mayo aún no se ha hecho el nombramiento de quién reemplazará al exministro en el cargo y en los próximos días será anunciado por el presidente, agrega la Secretaría.
También se indicó que ningún viceministro ha sido removido de esa cartera.
Consultados los sectores empresariales sobre la destitución del ministro, coincidieron en la importancia de la cartera y las necesidades del país para abordar el tema de infraestructura.
Experiencia
Luis Fernando Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), dijo que la destitución es un acto que está dentro de las facultades del presidente de la República, de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, que le otorga la prerrogativa de nombrar y destituir a los ministros de estado.
Citando la Ley del Poder Ejecutivo, Castellanos mencionó que el artículo 23 resalta la responsabilidad de los ministros como directores de las políticas públicas y coordinadores de la acción gubernamental en sus respectivos sectores. Y, en esa línea, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene un papel fundamental en la formulación y cumplimiento de políticas relacionadas con el desarrollo eficiente de la infraestructura nacional, a que se refiere el artículo 30.
“Esperamos que la transición en la conducción de este ministerio sea para garantizar una gestión que promueva una coordinación efectiva entre las diversas instituciones para poder cumplir con las funciones que establece la ley y que priorice la transparencia y eficiencia en la gestión pública”, expresó. el presidente de la Cámara de la Construcción.
Añadió que se mantendrán atentos y cooperativos ante los cambios en la administración pública con el objetivo de garantizar que se siga impulsando el desarrollo y el bienestar general del país.
Respecto al perfil ideal para el próximo Ministro de Comunicaciones, Castellanos comentó que debe ser eminentemente técnico, con sólida experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura.
“Es crucial que este profesional esté libre de conflictos de intereses y no tenga vínculos con estructuras corruptas que puedan influir negativamente en la toma de decisiones dentro del ministerio”, añadió. Además, debe demostrar una capacidad comprobada para liderar reformas administrativas efectivas, como las mencionadas anteriormente, centrándose en la transparencia, la eficiencia y la implementación efectiva de proyectos.
En opinión de Castellanos, este enfoque asegurará que el ministerio no sólo responda a las necesidades actuales de infraestructura, sino que también se transforme en una entidad más integral y eficiente.
Otro aspecto importante es lo que debe hacer el gobierno en cuanto a las condiciones de inversión, las leyes relacionadas con las obras de construcción, los procesos de construcción y contratación, y la transparencia.
En este caso, Castellanos plantea que desde la perspectiva del sector es imperativo que el Ejecutivo adopte una serie de reformas estructurales en la gestión de la obra pública, las cuales deben ser una prioridad independientemente de quién ocupe el cargo de Ministro de Comunicaciones.
También es fundamental que la planificación y ejecución de las obras públicas se base en criterios técnicos objetivos y no en intereses políticos, asegurando así proyectos que realmente beneficien a la población y estén alineados con una estrategia nacional de desarrollo económico, afirmó el presidente de la CGC.
“Para mejorar el sistema actual, es fundamental establecer un entorno competitivo y transparente que atraiga empresas de alta calidad para la construcción de infraestructura. La falta de transparencia y seguridad jurídica ha disuadido históricamente la participación de contratistas calificados, lo que muchas veces resulta en sobrevaloración y baja calidad de las obras entregadas», por lo que el Órgano Ejecutivo debe impulsar reformas legales e institucionales que integren principios de transparencia, seguridad jurídica y eliminación de conflictos de intereses en todos los niveles de toma de decisiones y gestión de obras públicas. Además, es crucial tener acceso a información precisa del mercado sobre calidades, materiales y precios, información que debe utilizarse sistemáticamente para fundamentar las decisiones de inversión y contratación pública. , permitiendo así evaluaciones más rigurosas y justas de las propuestas y su ejecución, dijo en sus respuestas escritas.
“Al vincular directamente las inversiones a datos concretos y confiables, se puede mitigar la arbitrariedad y asegurar una administración eficiente de los recursos públicos”, dijo el director de la Cámara de la Construcción, por lo que instan al gobierno “a implementar estas reformas con un enfoque firme y continuo”. compromiso de mejorar la infraestructura nacional”, afirmó Castellanos.
Por su parte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), coincidió con Castellanos en que la destitución fue una decisión presidencial ajustada a derecho.
Respecto a su perfil, dijo que debe ser una persona con experiencia en gestión, pero sobre todo con la claridad de que debe enfocarse en ejecutar proyectos prioritarios de frontera a frontera, de puerto a puerto y en el área metropolitana.
Fundesa ha analizado y hecho propuestas para promover la inversión en infraestructura y el proceso de contratación, y Zapata dice que para crear condiciones de inversión el Gobierno debe impulsar la ley general de infraestructura vial, así como las reformas a la Ley Anadie para lograr impulsar la alianza público-privada. sistemas.
«De lo contrario seguiremos viendo pasar nuevos ministros, nuevos gobiernos y el sistema de inversión pública seguirá colapsando y el país perderá competitividad, con el menor número de carreteras por habitante de todo el continente americano», añadió el ejecutivo de dicha fundación.
En tanto, Alejandro Toledo, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) mencionó que desconoce los detalles de los motivos por los cuales el ministro fue destituido de su cargo, pero respetan el criterio que pueda tener el presidente de la República. .
Respecto al perfil del nuevo funcionario, indicó que deberá tener conocimientos en temas de infraestructura vial pero también en puertos y aeropuertos, recordando los resultados anunciados en el reciente foro en el que Cutrigua hizo la propuesta de “Iniciativas Urgentes para la Competitividad”. Puerto”, compuesto por cuatro ejes y seis acciones prioritarias.
Hay un rezago en la inversión y el estado de los puertos es calamitoso, y no sólo hay que trabajar desde el punto de vista de las certificaciones, sino también de la seguridad sin olvidar los temas de infraestructura portuaria, y complementada con infraestructura vial.
Tiene que ser una persona con conocimiento de estos puntos, cómo abordarlos y que tenga la capacidad de hacer alianzas, porque no solo requieren decisiones de una sola persona sino también del Poder Ejecutivo, Legislativo y proveedores, entre otros actores. Ya que actualmente existen altos costos para el arribo de buques y carga al país porque no se mantiene el calado y no se pueden hacer dragados, entre otros aspectos, agregó.
“No se necesita un superhombre, pero sí un profesional con capacidad de hacer alianzas” y trabajar con transparencia, mencionó el presidente de Cutrigua.
Entre las prioridades para mejorar las condiciones de inversión, Toledo menciona los cuatro ejes principales de la propuesta como política y gobernanza, protección y seguridad portuaria, inversión en infraestructura y desarrollo portuario competitivo sostenible.
Entre otros temas de corto plazo menciona los dragados en Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, resolver el conflicto con la terminal de carga contenedorizada APM y aprobar el proyecto de ley 5545, que hace referencia a la autoridad portuaria.
“El tema lleva tantos años desatendido que todo se volvió urgente e importante, no es un tema que haya generado el gobierno en estos días, pero hay que buscar soluciones”, agregó.
