En la madrugada, policías junto con fiscales ingresaron a la casa de Boluarte, en Lima, y luego registraron el palacio de gobierno, en busca de los relojes cuyo origen el presidente no ha precisado.
“Vamos a hacer la inspección en palacio, para hacer el registro según la orden judicial”, dijo brevemente a los periodistas el coronel Harvey Colchado antes de ingresar a la sede presidencial.
Colchado se abstuvo de confirmar si encontraron las joyas en el primer allanamiento, alegando el carácter “reservado” de la investigación.
Según un documento policial, en la investigación participaron unos 40 agentes y fiscales.
En la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte comenzó a ser investigado este mes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de constancia de declaraciones en documentos públicos.
El allanamiento en la casa “tiene como objetivo fines de registro e incautación”, dijo la policía.
La intervención fue autorizada por el Tribunal Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a solicitud del Fiscal General.
Los allanamientos fueron repudiados por el primer ministro Gustavo Adrianzén. “Lo ocurrido constituye un atentado intolerable a la dignidad de la Presidencia de la República y de la Nación que representa. “Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales”, dijo a los periodistas.
Investigación sin juicio
Los operativos de búsqueda se llevaron a cabo luego de que la fiscalía no aceptara que la presidenta reprogramara una comparecencia en la que debía mostrar los relojes y sus recibos de compra.
De ser acusada de enriquecimiento ilícito, Boluarte sólo respondería en un posible juicio posterior a julio de 2026, cuando finalice su mandato, tal como marca la Constitución.
El escándalo, sin embargo, podría derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte del Congreso, alegando “incapacidad moral”.
Para que esto suceda, los grupos de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal apoyo del presidente tendrán que apoyar a los grupos minoritarios de izquierda en una alianza difícil de lograr.
Según el jefe de Gabinete, al momento de los allanamientos Boluarte se encontraba en su residencia dentro de Palacio de Gobierno.
La presidenta seguirá “colaborando con la fiscalía” y dará su declaración cuando sea citada, añadió Adrianzén en la cadena X.
“Manos limpias”
El escándalo de Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico “La Encerrona” a mediados de marzo.
Los medios revelaron que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
El periodo analizado por el programa se extiende hasta diciembre de 2022, mes en el que asumió la presidencia.
Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años.
“He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como le he prometido al pueblo peruano”, declaró la semana pasada Boluarte, de 61 años.
A raíz del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisará nuevamente las declaraciones patrimoniales que presentó Boluarte en los últimos dos años en busca de algún posible desequilibrio patrimonial.
La fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en una causa abierta el año pasado, por la muerte de más de 50 ciudadanos “durante movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.
Boluarte fue interrogado por primera vez en marzo de 2023 en el marco de esa investigación.
Su popularidad no supera el 10% en las encuestas y carece de bancada propia en un Congreso controlado por la derecha y la extrema derecha.
Boluarte fue vicepresidenta hasta que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022 después de que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento, gobernar por decreto, intervenir en el sistema judicial y convocar una Asamblea Constituyente.
