El ámbito político en Guatemala se encuentra en una situación delicada marcada por un fenómeno que cobra mayor relevancia: la judicialización del Ejecutivo. Este fenómeno, donde las acciones y funciones del gobierno son frecuentemente objeto de revisión o influencia por parte de los poderes judiciales, provoca discusiones acaloradas en el medio académico, entre organizaciones de la sociedad civil y en el escenario internacional. Para entender el motivo de la preocupación generada por este fenómeno, es esencial examinar sus orígenes, manifestaciones y efectos concretos, así como su repercusión en la estructura democrática y el estado de derecho.
Contexto político e histórico de Guatemala
Guatemala posee una historia política marcada por constantes tensiones entre los tres poderes del Estado. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se esperaba el fortalecimiento del sistema democrático y la consolidación de instituciones autónomas. Sin embargo, factores como la corrupción, el crimen organizado, la debilidad del sistema judicial y la inestabilidad política han obstaculizado el pleno desarrollo institucional.
En los últimos años, especialmente desde 2015 con la crisis que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina tras investigaciones judiciales impulsadas por la CICIG, el país ha visto un aumento significativo en el protagonismo del poder judicial respecto a las actuaciones del Ejecutivo. Este auge, aunque a veces respaldado por sectores sociales que buscan combatir la impunidad, también genera temores respecto a la politización e instrumentalización de la justicia.
Recientes expresiones de judicialización
El camino hacia la judicialización no se limita exclusivamente a situaciones excepcionales de corrupción de alto nivel. Durante el año 2023 y principios de 2024, se han interpuesto numerosos recursos legales que han detenido o modificado decisiones de políticas públicas, designaciones en posiciones importantes, procesos de cambio de gobierno e incluso la validez electoral.
Por ejemplo, tras las elecciones generales de 2023, distintos actores promovieron amparos y acciones constitucionales que pusieron en entredicho los resultados y obstaculizaron la certificación de autoridades electas. Como resultado, la transición del Ejecutivo enfrentó incertidumbre prolongada, afectando la gobernabilidad y el ambiente de inversión.
Otro caso relevante lo constituye la intervención de la Corte de Constitucionalidad y distintas salas de la Corte Suprema de Justicia en decisiones administrativas sobre presupuesto, política exterior y designaciones ministeriales, lo cual ha generado una percepción de judicialización excesiva que afecta la operatividad del gobierno.
Causas estructurales de preocupación
La preocupación fundamental radica en la posibilidad de que la judicialización del Ejecutivo derive en el debilitamiento de la separación de poderes, principio cardinal en cualquier democracia. Si bien el control judicial sobre decisiones del Estado es un mecanismo legal y necesario para evitar abusos de poder, su uso indiscriminado o motivado por intereses políticos puede ser contraproducente.
Entre las causas estructurales de esta preocupación destacan:
1. Inestabilidad legal: Cuando cualquier resolución ejecutiva significativa puede ser detenida o modificada a través de acciones legales, se crea un ambiente de incertidumbre e imprevisibilidad en las normas. Esto impacta de manera negativa la inversión, la realización de obras públicas y la efectividad administrativa.
2. Instrumentalización política: Existen numerosos ejemplos en los que actores políticos utilizan al sistema judicial como herramienta para obstaculizar adversarios o buscar impunidad. El uso estratégico de amparos y denuncias se traduce en parálisis de la acción pública.
3. Percepción de parcialidad en el sistema judicial: Diversos estudios realizados por organismos internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advierten sobre la falta de independencia y el sometimiento del sistema judicial a las presiones de grupos políticos o económicos.
4. Erosión institucional: La constante intervención judicial en temas del ámbito ejecutivo causa un deterioro y pérdida de prestigio para el Ejecutivo y el poder judicial, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el Estado de Derecho.
Implicaciones para la gobernabilidad y el desarrollo nacional
El impacto más evidente de la excesiva judicialización del Ejecutivo en Guatemala es la debilidad en la gobernabilidad. El Ejecutivo encuentra obstáculos continuos para llevar a cabo políticas públicas, administrar presupuestos y atender necesidades sociales urgentes, como en los ámbitos de salud, educación, seguridad y desarrollo rural.
A nivel internacional, este fenómeno tiene implicaciones directas en la cooperación y en la calificación del país ante organismos multilaterales. El caso de Guatemala, observado cuidadosamente por la Organización de Estados Americanos y misiones diplomáticas, ha sido citado como ejemplo de riesgos para la estabilidad regional si no se respeta la institucionalidad.
Asimismo, la sociedad civil y los sectores empresariales señalan que la incertidumbre blocquea procesos de inversión y desencadena fuga de capitales y talento, profundizando la desigualdad y la migración.
Opciones y soluciones para mantener la institucionalidad
Frente al desafío de la judicialización, se han sugerido múltiples caminos para lograr un balance entre el imprescindible control del poder judicial y la independencia del poder ejecutivo. Entre las iniciativas más debatidas se encuentran:
– Mejora del sistema judicial: Asegurar la autonomía, claridad y capacitación de jueces y magistrados, protegerlos de influencias externas y garantizar un acceso rápido para el público.
– Reformas constitucionales: Revisar y clarificar la distribución de competencias y límites de intervención entre los distintos poderes, así como los controles y procedimientos de los recursos jurídicos para evitar su abuso.
– Promoción del diálogo interinstitucional: Fomentar el diálogo respetuoso y la coordinación entre los poderes del Estado, con mecanismos de consulta y resolución de controversias que privilegien el interés nacional sobre intereses sectarios.
– Educación cívica y participación ciudadana: Impulsar el monitoreo y la veeduría social para exigir responsabilidad, transparencia y ética, tanto del Ejecutivo como del Judicial.
El proceso judicial en el ámbito del Ejecutivo en Guatemala evidencia tensiones profundas dentro de un sistema institucional que aún busca consolidarse. Aunque la supervisión del poder judicial es esencial para prevenir abusos y asegurar el cumplimiento de la ley, un uso excesivo podría convertirlo en un medio de estancamiento, conflicto o manipulación. Enfrentar este reto requiere reforzar la autonomía y confiabilidad del sistema de justicia, reinstaurar la división de poderes y fortalecer la confianza ciudadana en sus estructuras. Solo de esta manera Guatemala podrá progresar hacia una democracia más firme y justa, capaz de enfrentar los desafíos actuales y crear las condiciones para un desarrollo duradero.
