Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son investigados por su presunta participación en irregularidades en la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por Q148 millones, pagaron este viernes 12 de abril la fianza de Q700 mil que les impuso una cámara de Apelaciones.
Los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas comparecieron este viernes a una audiencia en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, donde se conoció la resolución de una Sala de Apelaciones que emitió fallo favorable a un recurso de apelación del Ministerio Público ( MP) contra las medidas sustitutivas con las que se habían beneficiado los togados.
Los magistrados designados por el TSE entregaron una póliza de pago para dar cumplimiento a los Q700 de fianza económica dispuesta por la Primera Sala Penal, según el juez Mynor Franco.
“No tenemos los fondos, pero la ley nos permite avalar ante el juez a través de una póliza y eso es lo que estamos haciendo”, reiteró Franco.
En primera instancia, la jueza Karen Chinchilla vinculó a proceso a Palencia, Franco, Aguilera y Rojas por el delito de estafa; Además, el juez dictaminó que no existía mérito a favor de Palencia por el delito de abuso de autoridad.
El juez había impuesto una medida sustitutiva de Q100 mil a cada magistrado, para que obtuvieran la libertad mientras el caso continuaba y pudieran continuar con sus funciones en el TSE.
Sin embargo, la Sala Penal hizo lugar parcialmente al recurso del MP y agregó que los jueces tienen prohibido continuar desempeñando cargos en el TSE hasta que resuelvan su situación jurídica; Además, tienen prohibido comunicarse con los empleados y presentarse en la sede de la institución electoral.
También modificó el bono financiero de Q100 mil a Q700 mil para cada magistrado. La resolución también revocó el beneficio por falta de mérito otorgado a Irma Palencia por el delito de abuso de autoridad.
Según la resolución, los magistrados suplentes deberán integrar el Pleno.
Resolución crítica
Franco calificó el auto de la Sala Penal Primera como “una aberración jurídica”.
«Me parece una aberración jurídica, tanto esto -la fianza- como el proceso que tenemos, pero hay que respetarlo, se excedieron en sus funciones», explicó.
“La Corte está paralizada y espero que no avancen algunos temas que se han planteado de mala fe (…) que por la vía penal se intente violar el proceso democrático es lamentable, nosotros como magistrados enfrentamos esta situación (…) tenemos nuestra estrategias de trabajo, de lucha jurídica, sabemos que tenemos un sistema adverso, pero estamos dando la cara”, dijo Franco.
El MP giró órdenes de aprehensión contra los magistrados el 11 de enero. Fueron despojados de su derecho a la instrucción previa durante una sesión en el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2023.
El sistema Trep tuvo un costo de Q148 millones que, a juicio de la Contraloría General de Cuentas, habría estado sobrevaluado.
