Antes del receso parlamentario de mayo, se espera que el Congreso de la República apruebe la iniciativa 5074, Ley de Competencia, que aún debe ser discutida en tercera lectura y redactada por artículos, incluidas algunas modificaciones.
Alfredo Vila, presidente de la Asociación de Productores de Azúcar de Guatemala (Asazgua), dio a conocer algunas consideraciones sobre la discusión desarrollada hasta el momento, así como el posible alcance que tendría la normativa sobre la actividad sectorial y productiva.
El dirigente empresarial dejó claro que, como sector agroindustrial, no temen la aprobación de una ley de competencia, pero esperan que no perjudique a la economía. Esta fue su postura, en una entrevista con Prensa Libre después de haber participado en el foro “Cuándo y por qué aprobar una Ley de Competencia” el cual fue organizado recientemente por la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo.
Como sector, ¿qué opina del derecho de la competencia?
Llevamos muchos años analizando el derecho de la competencia, y prácticamente desde que se empezó a impulsar el primer proyecto. En principio, estamos de acuerdo en que debería existir una ley de competencia.
Todo el interés de nuestro sector, y podría decir del sector privado en general, es que se apruebe una ley que logre el objetivo de mejorar la interacción entre las distintas empresas, no una ley que menoscabe la actividad productiva.
No hay país que pueda escapar de la pobreza sin promover la riqueza; Las empresas son las únicas responsables de crear riqueza en el país, por lo que no se deben aprobar leyes que menoscaben la actividad que realizan.
Somos de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de competencia y creo que es hora de que se apruebe, pero sin perjudicar la producción nacional.
Es decir, una ley que contribuya a la economía y no la retrase…
Así es como es. No esperamos una ley de competencia que baje los precios o cambie mucho las condiciones del mercado. Lo que tiene que hacer la ley de competencia es regular la libre provisión de productos y servicios y competir de una manera más adecuada.
En particular, respecto al proyecto de ley 5074, ¿qué observaciones tiene?
Hay varias observaciones que ya hemos planteado en las formas oportunas, y coincidimos en que debe haber una autoridad independiente, con personas idóneas y expertas. Ése es un obstáculo que tendremos que afrontar.
Entonces, ¿estaría de acuerdo con que el proceso avance?
En concreto en Asazgua estamos de acuerdo en que se debe regular; y otro aspecto muy importante es que los recursos resultantes de las multas no se dirigen al Poder Judicial (DO) ni al ente rector, porque podría convertirse en un incentivo perverso: impongo más multas… obtengo más recursos. Se debe gestionar un presupuesto independiente y el producto de las multas debe destinarse a un fin específico.
¿En su opinión, es convincente el diálogo legislativo que se está llevando a cabo?
Como toda ley, estas tienen que salir y luego sufrir modificaciones, adaptándose a las condiciones reales del mercado y a la situación del país. Lo peor que puede pasar es que llevemos casi 20 años analizando la normativa y hayan salido varias propuestas de iniciativas que no hayan sido aprobadas, entonces es el momento de hacerlo.
Pero también hay que prever un plazo prudencial para que las empresas conozcan la ley y puedan adaptar su sistema de gestión a ella, de modo que su implantación en todo el sistema transcurra con mayor fluidez.
Usted cree que en Guatemala operan cárteles…
No me gustaría hablar de cárteles, y que cada uno entienda el término de diferente manera. Nosotros, los agronegocios, nos llamamos cárteles y si doy mi interpretación, entonces me siento orgulloso de ser parte de ese cártel. ¿Por qué? Porque hemos logrado elevar la condición de nuestra industria al tercer lugar en competitividad a nivel mundial.
Y si convocar un cartel significa que hemos realizado acciones conjuntas en temas sociales; que establecimos Fundazúcar desde 1990; que hemos llevado a cabo programas extraordinarios no sólo para nuestra zona de influencia, sino para el país; que hoy estamos firmando convenios con municipios y gobiernos para transferir programas exitosos; haber creado el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar, que es uno de los mejores del mundo; el de haber creado el Centro de Estudios del Cambio Climático, que es el único centro privado a escala global;… bueno, es lo que quisieran todos los grupos.
Gracias a una acción conjunta se creó el centro de despacho de carga del puerto de Expogranel, uno de los más eficientes del mundo. Y es más, hoy viendo los resultados de esta acción que tenemos, después de mucho esfuerzo hemos logrado formar la Unión de Productores de Azúcar de América Latina, que hace cuatro años incluía a nueve países y hoy somos 12 países de América Latina. Y no vamos a dejar de competir, pero buscamos sinergias para ser más fuertes en todas nuestras iniciativas sociales y la sostenibilidad del desarrollo de los sectores y, en consecuencia, del país.
Entonces, ¿hay algo que temer de una ley de competencia?
No hay que temerlo, siempre y cuando no se haga con el objetivo de perjudicar a los productores, que creo que no es el objetivo, pero hay que analizar lo que finalmente salga del Congreso de la República.
En marketing internacional, ¿existen condiciones que se requieran para este tipo de legislación?
No. Lo que exigen los mercados es calidad, puntualidad en la entrega y sí hay algunas certificaciones que solicitan algunas empresas, pero nunca he sabido que se le exija al país o a cualquier empresa tener una ley de competencia.
