La zona 18 de la Ciudad de Guatemala ha sido reconocida por décadas como un epicentro de actividad para las maras o pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que han mantenido una presencia dominante. Estos grupos han generado un ambiente marcado por la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el temor dentro de muchos sectores populares, impactando la rutina diaria de miles de familias. El reto para las autoridades y la sociedad civil ha consistido en recuperar el control del territorio, reducir la incidencia criminal y resguardar a la población frente a los distintos delitos vinculados a estas estructuras.
Estrategias de intervención lideradas por el Estado
El Estado guatemalteco ha puesto en marcha diversas tácticas, lideradas sobre todo por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, trabajando junto con el Ejército en operativos de alto riesgo, y la acción más destacada consistió en fortalecer el patrullaje constante en áreas críticas como Colonia Kennedy, El Limón y otros asentamientos reconocidos por su arraigo pandillero.
Durante 2023, según la propia PNC y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, más de 700 personas vinculadas con maras han sido detenidas en zona 18, la mayoría por cargos de asesinato, extorsión y portación ilegal de armas. El Estado ha incrementado el uso de tecnología de vigilancia tales como cámaras de reconocimiento facial y drones, permitiendo identificar rutas de escape y capturar a cabecillas que antes evadían la justicia gracias al conocimiento de calle.
Paralelamente, la aprobación de leyes que endurecen las penas contra la conformación de estructuras criminales, así como el bloqueo de señales telefónicas en centros carcelarios, ha limitado la capacidad de las maras para ordenar crímenes desde prisión, aunque persisten filtraciones y casos documentados de corrupción institucional.
Impacto en la comunidad: datos y percepciones
El avance de la lucha contra las maras no solo se mide por capturas o decomisos de armas, sino por percepciones de seguridad entre vecinos. De acuerdo con una encuesta publicada en agosto de 2023 por la organización Diálogos, el porcentaje de habitantes que reportan sentirse inseguros en sus colonias disminuyó de 74% en 2020 a 59% este año; sin embargo, el temor a represalias aún limita la denuncia ciudadana, especialmente en áreas como Santa Faz y La Verbena.
Estudios de sociología señalan que la extorsión continúa figurando como el delito que con mayor frecuencia reportan los pequeños comerciantes y los transportistas urbanos, y aunque las políticas de “ventanilla única” destinadas a recibir denuncias anónimas han incrementado la cantidad de registros, muchos ciudadanos reconocen que siguen pagando extorsiones por temor a represalias letales; incidentes recientes, como el ataque contra un chofer de bus en El Paraíso en mayo de 2024, confirman que las amenazas persisten.
Relato de experiencias: testimonios de resiliencia y temor
Historias personales logran dar un rostro humano a los datos; así, Marta, comerciante en la Colonia El Limón, relata que en 2021 se vio obligada a cerrar su tienda tras recibir amenazas de muerte si no entregaba la “renta”. Cuando volvió a abrir en 2024, lo hizo únicamente después de verificar la presencia continua de patrullas y la detención de varios extorsionistas. Su relato expresa tanto el miedo que padeció como las expectativas y confianza que ha colocado en la actuación del Estado.
Por otra parte, jóvenes como Kevin, residente en Santa Faz, relatan que la escuela sigue siendo un espacio de reclutamiento para las maras, a pesar de programas de prevención. Afirma que, aunque la presencia policial ha mejorado, el miedo a unirse a una pandilla o ser víctima de represalias continúa siendo una amenaza invisible en su rutina diaria.
Prevención y reintegración: enfoques que se complementan
Frente a la represión policial y judicial, organizaciones de sociedad civil han impulsado enfoques de prevención y reinserción para desarticular el ciclo de violencia. Programas como Jóvenes Contra la Violencia y centros culturales apoyados por iglesias católicas y evangélicas brindan alternativas educativas y capacitación técnica para jóvenes en riesgo.
La tasa de deserción escolar, asociada directamente al reclutamiento por pandillas, ha disminuido en ciertos sectores gracias a becas y actividades extracurriculares financiadas por la cooperación internacional. Casos de éxito como el de la Fundación Paiz, que formó a más de 200 adolescentes en tecnologías de la información entre 2022 y 2023, demuestran que la prevención puede ofrecer caminos viables frente a la tentación del dinero fácil y el poder de las maras.
Retos constantes y panoramas emergentes
Aunque las cifras reflejan ciertos progresos, la situación sigue siendo inestable. Especialistas en seguridad advierten sobre el riesgo persistente de que las estructuras criminales se reorganicen: la presión de las autoridades impulsa movimientos internos, fomenta la aparición de células más pequeñas con alcance regional o desplaza actividades ilícitas hacia territorios cercanos. Además, la corrupción dentro de las instituciones y la escasez de recursos para robustecer el sistema judicial limitan los avances sostenibles a largo plazo.
La cooperación con países vecinos, como El Salvador y Honduras, permite el intercambio de información y, en algunos casos, la persecución transnacional de líderes criminales. No obstante, la migración forzada de familias por temor o represalias sigue activa, lo que agrava los problemas sociales de marginación y pobreza, abonando el suelo para futuros brotes de violencia.
Reflexión acerca del porvenir de la zona 18 ante la presión constante de las maras
La lucha contra las maras en zona 18 constituye un proceso multifacético: involucra la acción decidida del Estado, la participación de la sociedad civil, la transformación de estructuras sociales y el compromiso con la reinserción de jóvenes vulnerables. Las cifras de capturas y reducción de algunas modalidades delictivas son alentadoras, pero el entramado de miedo, resiliencia, cooperación y desafío institucional revela que el avance es real, aunque frágil.
A medida que la violencia criminal continúa ajustándose a contextos cambiantes, se vuelve imprescindible adoptar una perspectiva amplia que combine con equilibrio la acción coercitiva y las estrategias preventivas. El porvenir de zona 18 estará condicionado en gran medida por la confianza que autoridades y vecinos logren consolidar, la capacidad para renovar las políticas sociales y la determinación necesaria para afrontar un fenómeno tan complejo como profundamente enraizado en la dinámica urbana.
